República Animal.— Una grave denuncia pone bajo cuestionamiento el manejo de los recursos destinados a la protección animal en Bogotá, luego de revelarse que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal habría contratado procedimientos de eutanasia por valores que superan ampliamente los pagados por otras dependencias de la ciudad.
La concejala Diana Diago aseguró que el instituto estableció una tarifa de 330,820 pesos colombianos por la eutanasia de animales de más de 25 kilogramos, mientras la Alcaldía de Santa Fe contrató el mismo servicio por 162,401 pesos, una diferencia de 168,419 pesos que representa un incremento superior al 100 % y que hasta ahora no cuenta con una explicación pública convincente.
Las diferencias también alcanzan el 67 % frente a Usaquén, el 36 % respecto a Kennedy y el 35.5 % en comparación con San Cristóbal, cifras que obligan a revisar cómo se fijaron los precios, quién autorizó el contrato y cuáles componentes técnicos podrían justificar pagos tan elevados.
El caso resulta especialmente delicado porque involucra a una institución creada para proteger a los animales, no para administrar su muerte mediante contratos costosos y rodeados de dudas. La eutanasia veterinaria debe limitarse a casos de sufrimiento irreversible, sustentarse en evaluaciones médicas rigurosas y aplicarse únicamente cuando no exista una alternativa digna.
Las autoridades deben informar cuántos animales han sido sometidos al procedimiento, bajo qué diagnósticos se autorizó cada caso, qué opciones de tratamiento o rehabilitación fueron consideradas y quiénes resultaron beneficiados por el contrato.
El bienestar animal no puede convertirse en una fuente de lucro ni en una excusa para gastar recursos públicos sin transparencia. Bogotá necesita respuestas claras, una auditoría independiente y responsabilidades concretas ante una contratación que compromete tanto el dinero de los ciudadanos como la vida de los animales.