Santo Domingo, RD.– Envenenados en las calles, lanzados desde edificios, quemados, golpeados o abandonados hasta morir. La violencia contra los perros en República Dominicana ha dejado de ser una sucesión de hechos aislados para convertirse en una alarma que el país todavía no logra medir con cifras oficiales completas.
Solo en mayo de 2025 se denunciaron al menos 20 perros envenenados en dos puntos del país. Dieciséis murieron en el sector Los Salados, en Santiago, mientras otros cuatro fueron encontrados sin vida en el entorno del parque Mirador Sur, en el Distrito Nacional. En ambos casos se sospechó que personas desconocidas colocaron alimentos contaminados para acabar con los animales.
Un mes después, la Policía Nacional arrestó en La Romana a un hombre señalado por el envenenamiento de varios perros y gatos. Las autoridades indicaron que recibieron múltiples denuncias ciudadanas y obtuvieron grabaciones en las que presuntamente se observaba al acusado arrojando alimentos contaminados. Durante un allanamiento también fue ocupada una sustancia considerada potencialmente tóxica.
La crueldad no se limita al veneno. En julio de 2025 fue detenido un hombre acusado de lanzar dos perros desde el piso 11 de una torre residencial en Bella Vista. Las autoridades utilizaron fotografías, testimonios y otras evidencias para sustentar la investigación por presunta crueldad animal y biocidio.
Otro caso ocurrido en Villa Juana terminó en una condena en mayo de 2026. Una mujer fue declarada culpable de lanzar agua caliente y golpear con botellas a una perra, provocándole lesiones graves. El tribunal le impuso un año de prisión suspendida y una multa equivalente a 25 salarios mínimos, lo que significa que, pese a existir una condena, no fue enviada inmediatamente a prisión.
La dimensión del problema podría ser mucho mayor. Una estimación divulgada por la Fundación de Blanck sitúa entre dos y tres millones la cantidad de perros y gatos que viven en las calles dominicanas. Según la organización, aproximadamente un tercio se concentra en Santo Domingo y la mayoría serían perros. La cifra no procede de un censo estatal, por lo que debe entenderse como una aproximación, pero muestra la magnitud de una población expuesta diariamente al hambre, las enfermedades, los accidentes y la violencia humana.
Una revisión documental realizada por República Animal encontró reportes policiales, procesos judiciales y denuncias comunitarias sobre hechos específicos, pero no localizó una estadística nacional pública y consolidada que permita conocer cuántas denuncias por maltrato animal se presentan cada año, cuántos perros son asesinados, cuántos expedientes llegan a los tribunales y cuántos responsables terminan condenados.
Esa ausencia de información impide establecer si la violencia está aumentando, cuáles son las provincias más afectadas y qué porcentaje de los casos queda impune. También provoca que la dimensión del problema dependa de videos difundidos en redes sociales, denuncias de vecinos y esfuerzos particulares de rescatistas y fundaciones.
La Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable sanciona el abandono, el maltrato y los actos de crueldad. En los casos más graves contempla penas de entre seis meses y un año de prisión, además de multas de 25 a 50 salarios mínimos. Sin embargo, la existencia de la normativa no ha impedido que continúen apareciendo animales quemados, envenenados o asesinados.
Las autoridades municipales han desarrollado algunas acciones preventivas. La Alcaldía del Distrito Nacional informó que, mediante 38 jornadas de bienestar animal, había esterilizado 4,136 perros y gatos, colocado 17,269 vacunas y realizado 10,358 desparasitaciones. Aunque representan un avance, estas intervenciones cubren solo una parte de una problemática que se extiende por todo el territorio nacional.
En el Senado también cursa una iniciativa que busca modificar la Ley 248-12. El proyecto fue presentado por el senador Omar Fernández y permanece bajo estudio de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, una señal de que el marco vigente necesita ser revisado y fortalecido.
La alarma no nace únicamente de imágenes virales. Surge de decenas de perros muertos en episodios documentados, agresiones de extrema crueldad y una estructura institucional que todavía no ofrece un panorama completo.
Mientras el país no cuente con un registro unificado de denuncias, investigaciones, rescates y condenas, la violencia contra los perros continuará siendo visible únicamente cuando aparezca otro cuerpo en una acera o cuando un video provoque indignación nacional. Para muchos animales, entonces, ya será demasiado tarde.